El jurado popular declaró culpables a Elvio Augusto Díaz, ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi; Carlos Fernando Rodríguez, empleado municipal de esa ciudad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán, por el asesinato de dos ciudadanos bolivianos en mayo de 2024. La sentencia se dictó el jueves 29 de octubre.
La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a tres hombres por el doble homicidio de dos ciudadanos bolivianos ocurrido el 10 de mayo de 2024 en una zona rural del departamento Orán, cerca del acceso a Colonia Santa Rosa, sobre la ruta nacional 34.
Los condenados son Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi; Carlos Fernando Rodríguez, conocido como Kokoz, empleado municipal de esa localidad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán.
La sentencia fue dictada este jueves 29 de octubre por el juez técnico Raúl Fernando López, luego de que un jurado popular de 12 integrantes declarara culpables a los tres imputados tras más de dos horas de deliberación.
El tribunal popular consideró a Díaz y Larrán coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de un arma de fuego. Rodríguez fue considerado partícipe primario del mismo delito, al establecerse su intervención esencial en la ejecución del plan.
Las víctimas fueron identificadas como Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas, ambas de nacionalidad boliviana, quienes fueron encontradas sin vida en un sector rural después de haber sido atacadas con armas de fuego.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los acusados organizaron previamente una maniobra para interceptar a los dos hombres y asesinarlos aprovechando una situación de indefensión. Según la reconstrucción presentada, Díaz y Rodríguez viajaron desde Tucumán hacia Orán el 9 de mayo de 2024 en un automóvil Toyota Corolla negro. Una vez en territorio salteño, Díaz mantuvo contactos con Larrán y se reunió con las víctimas en una confitería de la ciudad. Para los investigadores, esos encuentros formaron parte de una secuencia de movimientos coordinados que culminó con el traslado de los ciudadanos bolivianos hacia el lugar donde fueron asesinados.
La acusación fue sostenida por los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, integrantes de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, con la colaboración de Lorena Martínez. Los representantes del Ministerio Público presentaron testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos para respaldar la hipótesis de que los homicidios fueron premeditados.
Las defensas rechazaron las acusaciones y cuestionaron la interpretación de las pruebas. Díaz aseguró que viajó a Orán para cobrar honorarios por gestiones profesionales vinculadas con familiares de una de las víctimas. Rodríguez negó su participación en el ataque y sostuvo que su presencia en Salta no demostraba responsabilidad en los asesinatos. Los abogados defensores señalaron presuntas contradicciones en los horarios reconstruidos por la investigación y cuestionaron la ausencia de determinadas pruebas materiales que vincularan directamente a sus representados con los disparos.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar las pruebas, el jurado popular resolvió declarar culpables a los tres acusados. La pena de prisión perpetua constituye la máxima sanción prevista por la legislación penal argentina para los delitos por los que fueron condenados, sin perjuicio de las vías de impugnación que pudieran ejercer las defensas.
El caso generó repercusión en Juan Bautista Alberdi debido a la trayectoria pública de dos de los involucrados. Díaz participó en la actividad política local como candidato a intendente y mantenía vínculos con instituciones deportivas y comunitarias. Rodríguez se desempeñaba como empleado municipal y era conocido por sus relaciones con dirigentes del ámbito político de Alberdi.