Gonzalo Ortega, magistrado a cargo del tribunal, afirmó que la situación generada por la denuncia de amenazas del defensor Marcelo Cosiansi podría haber llevado a la suspensión del juicio oral. Cosiansi se retiró de la sala tras manifestar que recibió intimidaciones.
El presidente del tribunal que juzga el femicidio de Érika Antonella Álvarez, Gonzalo Ortega, declaró que la situación planteada durante la audiencia de este martes podría haber derivado en la suspensión del debate oral si no hubiera existido una codefensa. La advertencia se produjo luego de que el defensor Marcelo Cosiansi denunciara haber recibido amenazas y abandonara la sala.
Ortega calificó el episodio como una situación atípica en un debate oral y público. Asimismo, remarcó la independencia del tribunal y sostuvo que los jueces no reciben presiones externas ni tendrán en cuenta esas circunstancias al momento de resolver. El magistrado invitó a los involucrados a realizar las denuncias correspondientes por las vías legales.
El incidente comenzó cuando Cosiansi, defensor de Felipe “El Militar” Sosa, pidió la palabra y manifestó sentirse desbordado por situaciones ocurridas el día anterior. “Me siento desbordado. Ayer nos han hecho llegar ciertas amenazas”, expresó el abogado. Durante su exposición, también indicó que Sosa mantenía su decisión de no declarar y que le había comunicado que tenía la orden de no hablar hasta el final del juicio. “Estoy muy angustiado. Creo que ya se cruzaron todos los límites. Me asusta la situación de Sosa. Tengo una madre con una enfermedad crónica. Estoy asustado, no puedo continuar después de lo que pasó ayer”, sostuvo. Luego tomó su mochila y se retiró de la sala.
Ante esta situación, el fiscal Pedro Gallo consultó a María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de la empleada judicial acusada de encubrimiento, si tenían conocimiento de los hechos mencionados. Los abogados confirmaron que habían tomado conocimiento de un presunto episodio de amedrentamiento contra su defendida y algunos familiares. Explicaron que presentaron un escrito ante el tribunal para solicitar medidas de precaución, aunque aclararon que ellos no habían recibido amenazas.
Por otra parte, los defensores de Nicolás Navarro Flores, único condenado por el caso, cuestionaron las declaraciones de Sosa y afirmaron que sus dichos no modifican la situación de su defendido. Navarro Flores aceptó su responsabilidad en las maniobras de encubrimiento mediante un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El abogado Patricio Char sostuvo que las afirmaciones de Sosa carecen de credibilidad porque no cuentan con elementos verificables que permitan corroborarlas. Su codefensora, Candelaria Hernández, aclaró que las declaraciones del acusado forman parte de su estrategia de defensa y no modifican la responsabilidad que Navarro Flores decidió asumir. “Hacerse cargo representa también la voluntad de honrar, en todo cuanto sea posible, el buen nombre de la familia mediante el respeto por la Justicia y por quienes sufrieron esta pérdida”, expresó Hernández.