Elvio Augusto Díaz, ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi, Carlos Fernando Rodríguez y Roberto Enrique Larrán enfrentan un juicio por jurados por los asesinatos de Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, ocurridos en mayo de 2024 en una zona rural cercana a Orán. La Fiscalía sostiene que las víctimas fueron engañadas y ejecutadas, mientras que las defensas niegan la participación y cuestionan las pruebas.
Dos hombres vinculados con la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi y un tercero residente en Orán comenzaron a ser juzgados en Salta por el doble homicidio de dos ciudadanos bolivianos, cuyos cuerpos fueron encontrados en mayo de 2024 en una zona rural cercana a Orán. La Fiscalía sostiene que las víctimas fueron engañadas y ejecutadas mediante un ataque previamente organizado, mientras que las defensas aseguran que existen contradicciones en la investigación y niegan la participación de los acusados.
Los imputados son Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Alberdi por Libres del Sur; Carlos Fernando Rodríguez, conocido como Kokoz, empleado municipal de esa ciudad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán. Los tres enfrentan un juicio por jurados por los asesinatos de Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, quienes residían en Bolivia.
El debate está dirigido por el juez técnico Raúl Fernando López y cuenta con un jurado integrado por 12 miembros titulares y cuatro suplentes. Durante la primera audiencia, los acusados declararon y rechazaron los cargos. Rodríguez y Larrán respondieron preguntas de la Fiscalía, mientras que Díaz decidió no hacerlo.
La acusación está a cargo de los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo, Lorena Martínez y Pablo Alejandro Cabot, integrantes de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte.
Según la hipótesis fiscal, Díaz y Rodríguez viajaron desde Tucumán hasta Orán el 9 de mayo de 2024 en un Toyota Corolla negro y se alojaron en un hotel céntrico. Posteriormente, Díaz habría mantenido un encuentro con Larrán, quien se desplazaba en una camioneta Toyota gris.
Más tarde, el procurador se reunió con las dos víctimas en una confitería de Orán. Los investigadores sostienen que, durante ese encuentro, Díaz salió del establecimiento y entregó un bolso oscuro a Larrán, que lo esperaba en las inmediaciones.
Para el Ministerio Público Fiscal, estos movimientos constituyeron parte de una maniobra coordinada para interceptar a los ciudadanos bolivianos, reducirlos y asesinarlos aprovechando la confianza que mantenían con uno de los acusados.
Los cuerpos fueron encontrados en un paraje rural próximo a Colonia Santa Rosa. Durante las primeras audiencias declararon dos hombres que habían salido a cazar y que aseguraron haber escuchado varias detonaciones durante la madrugada.
Los testigos también observaron las luces de un vehículo estacionado sobre la banquina. Inicialmente creyeron que los disparos provenían de otros cazadores, pero cuando el automóvil se retiró decidieron acercarse y descubrieron los cadáveres.
Ambos señalaron que una cosechadora trabajaba en las inmediaciones y que el ruido de la maquinaria dificultaba escuchar lo que sucedía.
Otra declaración fue aportada por la hermana de Zutara, quien explicó que las víctimas habían salido de Bermejo, Bolivia, con la intención de viajar hacia Buenos Aires para comprar dólares y posteriormente comercializarlos en su país.
Las defensas cuestionaron la reconstrucción presentada por la Fiscalía y plantearon que no existen pruebas suficientes para vincular a sus representados con las ejecuciones.
Los abogados de Díaz, Mabel Castillo y Miguel Nicolás Fernández, afirmaron que el procurador había viajado a Orán por motivos laborales, concretamente para cobrar honorarios correspondientes a gestiones realizadas para familiares de una de las víctimas.
También destacaron que los estudios periciales no habrían identificado material genético de Díaz en las muestras tomadas de las manos y uñas de los fallecidos. Agregaron que no se encontró un arma de fuego en su poder ni se acreditó que hubiera efectuado disparos.
Por su parte, el defensor de Rodríguez, Cristian Morales Poma, puso el foco en los registros de cámaras de seguridad que, según su interpretación, ubicarían al Toyota Corolla en la zona de Pichanal y la ruta nacional 34 entre las 3.10 y las 3.15.
El abogado sostuvo que esos horarios resultarían incompatibles con la presencia de su defendido en el lugar donde se produjo el doble crimen. También cuestionó que no se hubieran profundizado otras líneas investigativas relacionadas con una motocicleta mencionada por testigos y con registros de antenas telefónicas.
La causa adquirió repercusión en Tucumán por los antecedentes y las relaciones políticas de algunos imputados.
Díaz había sido candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi y mantenía vínculos con instituciones deportivas y actividades comunitarias, especialmente con el club La Querencia.
Rodríguez, en tanto, trabajaba en la Municipalidad de Alberdi y fue señalado como una persona cercana al exsecretario de Hacienda José Roldán, imputado en una investigación por presunto lavado de activos. Tras conocer que era buscado, Rodríguez se presentó ante la Policía.
Durante la investigación también surgieron referencias a posibles vínculos de algunos involucrados con actividades relacionadas con el narcotráfico. Díaz había sido investigado previamente por la Procuraduría de Narcocriminalidad en una causa por presunto transporte de drogas.
Además, se incorporaron escuchas telefónicas en las que, según la acusación, aparecían menciones a armas que podrían estar relacionadas con el ataque. Sin embargo, estas circunstancias no acreditan por sí mismas la responsabilidad de los imputados en los homicidios.
Las defensas insistieron en que los antecedentes, las relaciones personales y las sospechas sobre otras actividades no pueden reemplazar las pruebas necesarias para demostrar una participación directa en los asesinatos.
El juicio continuará con la declaración de testigos y la incorporación de pericias, registros telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad. El jurado deberá determinar si la Fiscalía consigue demostrar su acusación más allá de toda duda razonable o si las inconsistencias señaladas por las defensas impiden establecer la responsabilidad penal de los tres imputados.