El directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio aprobó la distribución de 22 millones de dólares correspondientes al ejercicio 2025. A la Universidad Nacional de Tucumán le corresponden 8,8 millones, equivalentes al 40 por ciento, mientras que Catamarca percibirá 13,2 millones. La decisión se enmarca en el acuerdo societario del 15 de diciembre de 2025 y en la reforma estatutaria de julio, que otorgó a Catamarca tres representantes frente a dos de la UNT.
El directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) aprobó el 25 de junio la distribución de 22 millones de dólares en utilidades correspondientes al ejercicio 2025. Del total, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) recibirá 8,8 millones de dólares, equivalentes al 40 por ciento, mientras que la provincia de Catamarca percibirá 13,2 millones, el 60 por ciento restante.
La reunión de directorio contó con la presencia del presidente de la firma, Fernando Jalil, los directores por Catamarca Marcelo Murúa y Marcos Denett, y los representantes de la UNT Domingo Marchese y José Roberto Toledo. La aprobación fue por unanimidad. Los recursos provienen de la explotación subterránea en el yacimiento Farallón Negro, ubicado en el departamento Belén, Catamarca.
Esta es la primera distribución bajo la reconfiguración societaria acordada el 15 de diciembre de 2025, mediante la cual el Estado nacional se retiró de la conducción de la empresa. En el acuerdo, la UNT desistió de los reclamos judiciales iniciados en 2017 a cambio de mantener la percepción del 40 por ciento de forma provisoria. Ese porcentaje se liquidará hasta que la universidad complete la edificación de 135.000 metros cuadrados de infraestructura en los lugares que determine el Consejo Superior. Una vez alcanzado ese límite, la participación universitaria se reducirá al 20 por ciento y el 20 por ciento restante se redistribuirá entre otras universidades nacionales.
En julio, el Consejo Superior ratificó una reforma estatutaria que otorgó a Catamarca el control político de la minera con tres representantes frente a dos de la UNT. Las autoridades universitarias, encabezadas por la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú, calificaron la retención del 40 por ciento como un objetivo alcanzado para revertir pérdidas patrimoniales.
La Ley 14.771, sancionada en 1958, establece en el inciso b de su artículo 18 que el 40 por ciento de las utilidades líquidas y realizadas de YMAD debe destinarse a la terminación de la Ciudad Universitaria, conforme a los planos ya aprobados. La norma habilita la reducción al 20 por ciento una vez cumplidos esos propósitos. El proyecto original de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier fue diseñado por los arquitectos Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Horacio Caminos, y preveía albergar entre 20.000 y 30.000 estudiantes.
En 2005, el entonces director de YMAD por la UNT, Rodolfo Martín Campero, detectó una operación accionaria no informada por la minera Wheaton River Minerals Ltd. Según reveló años después el asesor legal Benito Carlos Garzón, Campero retuvo una impugnación formal para negociar con ejecutivos de Minera Alumbrera. El 30 de noviembre de 2005, el presidente de Alumbrera, Julian Rooney, y el rector Mario Marigliano firmaron un contrato por un millón de dólares bajo el rótulo de adelanto de utilidades del artículo 18. Ese dinero fue derivado a un fideicomiso en el Banco Río y no ingresó a la contabilidad oficial.
En junio de 2006, la gestión del rector Juan Alberto Cerisola encargó a la secretaria de Planeamiento, Mónica Huerta de Labastida, un plan de infraestructura. En 48 horas, la funcionaria presentó un documento de 15 páginas denominado «Ciudad Universitaria para la UNT en el Siglo XXI», con una nómina de 93 refacciones menores. El texto indicaba que el nuevo concepto no contemplaba el proyecto de San Javier. En las audiencias del juicio oral de 2025, Labastida declaró haber recibido presiones de Campero, Saab y el entorno de la conducción universitaria para reemplazar el proyecto original.
El 6 de junio de 2007, el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, emitió un dictamen que suprimió de la transcripción del artículo 18 la frase «conforme a los planos ya aprobados». En marzo de 2008, sostuvo que los recursos de YMAD eran fondos privados, excluyéndolos de la fiscalización de la Ley de Obras Públicas. Con base en esa doctrina, Cerisola dictó las resoluciones rectorales 365 y 366 de 2008, que aprobaron un Régimen Especial de Contrataciones y elevaron los límites de contratación directa.
El 10 de septiembre de 2007, Campero y Marigliano requirieron a Cerisola un informe sobre el avance de las obras. El rector respondió por escrito que la obra no estaba concluida. El Consejo Superior tomó conocimiento en octubre de ese año. El 27 de diciembre de 2007, el directorio de YMAD aprobó el Acta N° 498 con los votos de Campero, Marigliano y los representantes catamarqueños, en la que se asentó que la universidad se declaraba satisfecha en su derecho a cobrar el 40 por ciento para la construcción del campus. El 2 de enero de 2008, Cerisola suscribió el convenio definitivo con YMAD, mediante el cual la UNT dio por cumplida la obligación legal y renunció a la percepción del 40 por ciento.
El 5 de septiembre de 2014, el geólogo Florencio Gilberto Aceñolaza, director de YMAD por la UNT, presentó ante el rectorado de Alicia Bardón un informe técnico que concluía que la declaración de finalización de la Ciudad Universitaria carecía de sustento legal y que el convenio de 2008 era nulo de nulidad absoluta. Bardón archivó las actuaciones.
En agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a Juan Alberto Cerisola a 3 años y 6 meses de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautoría de defraudación. El fallo no juzgó la modificación del artículo 18. La querella de la UNT presentó un informe de la arquitecta Olga Paterlini de Koch que concluyó que los planos originales eran directrices imprecisas.
El 15 de diciembre de 2025, el exrector Sergio Pagani y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmaron un acuerdo homologado judicialmente el 6 de enero de 2026 por el juez federal Guillermo Andrés Díaz Martínez. La UNT desistió de las acciones por nulidad del convenio de 2008 a cambio de validar el esquema de 135.000 metros cuadrados. El 6 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el retiro definitivo del Estado nacional de YMAD y cedió la supremacía del directorio a Catamarca.