El imputado sufrió un pico de presión durante la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal debía definir su situación procesal. La jueza Liliana Snopek ordenó la intervención del cuerpo médico forense y reprogramó la audiencia para el martes próximo.
Javier «Chuky» Casanova se descompensó al sufrir un pico de presión durante la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal debía definir su situación procesal. El incidente de salud impidió que el imputado estuviera en condiciones de afrontar el acto de conocimiento personal (de visu) ante la jueza Liliana Snopek, quien tenía previsto revisar el acuerdo entre la fiscalía y la defensa para aplicarle una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo como responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes.
Ante este cuadro médico, la magistrada ordenó la intervención del cuerpo médico forense y dispuso pasar la audiencia para la próxima semana, más precisamente para el martes. De prosperar el convenio, el hombre de 30 años, señalado por las autoridades provinciales como uno de los referentes del narcotráfico de mayor crecimiento en Tucumán, recibiría su primera condena.
Su nombre comenzó a registrarse en las crónicas policiales a raíz de los enfrentamientos armados que mantuvo con Santiago «Cara i’ Gota» Villafañe por el dominio territorial y la venta de drogas en el barrio Oeste II, una disputa que dejó varias víctimas fatales. Posteriormente, el conflicto se trasladó a la interna por el control de la barra brava de San Martín. En diciembre de 2024 se exhibió en el estadio de La Ciudadela una bandera que vinculaba a Casanova y a Walter «Petiso David» Lobos con el narcotráfico -que luego se adjudicó Ángel «El Mono» Ale-, en el marco de una disputa facciosa contra el grupo liderado por Facundo Ale y «Cara i’ Gota».
El origen de la causa contra Javier «Chuky» Casanova
La causa actual tuvo su origen en una balacera ocurrida durante el Día de la Primavera de 2025 en una fiesta electrónica, donde coincidieron Facundo Ale y Casanova junto a Jorge Anaya González y Juan Vargas. El fiscal Mariano Fernández investigó aquel ataque y ordenó una serie de allanamientos el 25 de septiembre de ese año. En el domicilio de Casanova, la Policía secuestró 28 dosis y una piedra de ocho gramos de cocaína -un total de 34 gramos-, una pistola, una camioneta Ford Raptor, un automóvil Citroën C4 y dos motocicletas de alta cilindrada.
Mientras avanzaba la causa por el tiroteo y la tenencia de armas, Fernández declinó la competencia respecto de los estupefacientes y advirtió sobre un posible lavado de activos, dado que el acusado declaraba dedicarse a la compraventa de chatarra pero exhibía en redes sociales joyas de oro, una embarcación y contrataciones de músicos nacionales para eventos privados sin poder justificar el origen de los fondos.
El expediente por las drogas pasó al fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán, quien procesó a Casanova por tenencia con fines de comercialización. Meses más tarde, el funcionario remitió las actuaciones al fuero federal ante la sospecha de una red de distribución a gran escala, sumando dos denuncias anónimas a la Línea 134 y el hallazgo de anotaciones con el alias del imputado en un camión donde se incautaron 56 kilos de marihuana en Trancas, el 30 de septiembre de 2025.
La investigación federal y el cambio de calificación legal
Sin embargo, una investigación paralela de Gendarmería Nacional ordenada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz descartó nexos operativos o logísticos de Casanova con ese cargamento y determinó que las anotaciones de terceros carecían de respaldo probatorio. Asimismo, la fiscalía federal concluyó que no había elementos para sostener el delito de comercialización -ante la ausencia de balanzas, registros de clientes, maniobras de venta o sumas de dinero- ni por lavado de activos.
Frente a la falta de pruebas para sostener la acusación original, Vehils Ruiz modificó la calificación legal a tenencia simple de estupefacientes. A partir de este cambio, el defensor Fernando Sánchez Domínguez propuso cerrar el proceso mediante un juicio abreviado que contó con el aval del Ministerio Público Fiscal, en un hecho con muy pocos precedentes.
En los términos del acuerdo cuya homologación quedó en suspenso por el episodio médico del acusado, Casanova admitió la tenencia de los 34 gramos de cocaína a cambio de los tres años de prisión efectiva, consintió el decomiso a favor del Estado de los cuatro vehículos y un teléfono iPhone secuestrados, y se comprometió a donar dos millones de pesos al Hospital de Niños en concepto de reparación.
La Justicia deberá resolver el acuerdo de juicio abreviado
El martes, luego de escuchar a las partes, Snopek deberá analizar el acuerdo y puede convalidarlo o no. De ser rechazado, «Chuky» debería ir a juicio oral. Si se acepta, se lo condenará por primera vez, mientras espera que se resuelva otra causa en su contra que se tramita en Jujuy.