La Justicia solicitó información a la ARCA para conocer la capacidad económica de más de 306 individuos y sociedades que movieron $818.000 millones a través de la billetera virtual de Ariel Vallejo. Se investigan presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva.
La Justicia ordenó medidas en el caso Sur Finanzas para investigar la capacidad económica de quienes operaron con la billetera virtual de Ariel Vallejo, que movió $818.000 millones. La investigación abarca a clubes como San Lorenzo y Racing, a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a sociedades como Rodepau y Gomont, entre otros.
Los investigadores solicitaron información a la ARCA para conocer la capacidad económica de más de 306 personas (individuos y sociedades) que movieron dinero a través de Sur Finanzas. La Justicia revisa la situación financiera de cada uno, según informaron fuentes al tanto de la investigación.
El listado está compuesto por 142 personas jurídicas y 164 personas físicas. Dentro de ese universo, hubo cuatro casos que desconocieron haber contraído préstamos con Sur Finanzas y 96 personas aparecen en la base e-Apoc del fisco, que contiene a emisores de facturas apócrifas.
Sobre la totalidad de estas personas y sociedades, el juez Tomás Rodríguez Ponte le solicitó a la ARCA que indique si tenían “la solvencia económica acreditada ante ese organismo para operar los montos que fueran informados en los anexos de la denuncia”. La causa investiga los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva, y busca determinar si la plataforma fue utilizada para “introducir en el sistema financiero fondos de origen ilícito y otorgarles apariencia de legalidad”.
El expediente se inició con una presentación de la ARCA en noviembre del año pasado. En esa oportunidad, los investigadores acuñaron la expresión “ejército de soldaditos” para referirse a la presunta utilización de personas como fachada para movilizar millones.
Un informe enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A., quien en cuatro meses de 2024 registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones, sin propiedades a su nombre y con un auto de 2008 declarado.
Desde que estalló el caso, Vallejo negó tener un “ejército de soldaditos”. Hasta el momento se desconoce el origen de los $818.000 millones sobre los que alertó el fisco.
El magistrado Rodríguez Ponte solicitó informes sobre las 306 personas. “El objetivo es saber si les cierra el blanco”, explicó una fuente al tanto de la causa. En la lista se encuentran Gomont y Rodepau. Esta última movió $6996 millones a través de Sur Finanzas PSP.
Estas dos sociedades, con domicilio en Baez 240, ganaron notoriedad porque sus nombres coinciden con los de jugadores de la selección (Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel), aunque ninguno de ellos está detrás de ellas. En los registros de Rodepau aparecen dos hombres; uno denunció domicilio en un asentamiento en el partido de Berisso. El otro también figura en los papeles de Gomont, junto a un joven de 28 años catalogado por el BCRA como “deudor irrecuperable”.
Dentro del pedido de informes también se encuentra el municipio de Lomas de Zamora. Vallejo compartió en diciembre de 2024 una foto durante un evento de la Cámara de Comercio de Banfield junto al intendente Federico Otermín. Fuentes del municipio señalaron que la municipalidad tenía una cuenta en Sur Finanzas PSP, “así como también con otras billeteras virtuales como Mercado Pago y Cuenta DNI”. Agregaron que la usaban para que los vecinos pudieran pagar sus impuestos y que solo se usó en 2024.
En cuanto a los clubes, el lunes pasado el juez realizó operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial. San Lorenzo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. Las transferencias se depositaban en una cuenta del Banco Industrial. A cambio, el club de Boedo emitía un pagaré a favor de la financiera de Vallejo, que cobró más de $100 millones en concepto de intereses.
La lista de investigados incluye a 96 personas en la base e-Apoc, lo que significa que emitieron al menos una factura apócrifa y están registrados como “contribuyentes no confiables”. De esos 96, 44 son personas físicas. Catorce percibieron beneficios sociales de la Anses, como la Asignación Universal por Hijo, el Programa Hogar, ingresos familiares de emergencia y refuerzos de ingresos. También se destacan casos como el de una jubilada de 92 años y otra persona beneficiaria del seguro de desempleo. Se repiten casos de deudores en situación 4 o 5 del BCRA.
La causa incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado operaciones a través de Sur Finanzas. Uno es el de un hombre con iniciales M.A.C., quien “desconoce un préstamo de 500.000.000 pesos que figura a su nombre”. Algo similar ocurre con F.J.P., quien negó haber tramitado un crédito de $133,1 millones. S.L.F. dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputaron un préstamo de $485 millones. Otra persona, R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas y que usaron sus datos.
También se detectaron puntos en común en las 52 sociedades que aparecen en la base de facturas apócrifas y que están bajo la mira de la Justicia. El nombre de cinco personas se repite en más de una de ellas, como autoridades o exempleados. Uno de ellos es jubilado y otro monotributista categoría A. Ambos figuran en la central de deudores del BCRA en situación 5, “deudor irrecuperable”.