La Justicia Federal dictó prisión preventiva para cuatro detenidos por un cargamento de cocaína en Salta. El fiscal Ricardo Toranzos reveló la aparición de un nuevo sello en los paquetes de droga, mientras que las defensas solicitaron arresto domiciliario por razones de salud, pedido que fue rechazado por el juez Leonardo Bavio.
En una audiencia celebrada en la Justicia Federal de Salta, se resolvió dictar la prisión preventiva para cuatro personas detenidas tras el hallazgo de un cargamento de cocaína. La investigación está vinculada a una presunta “mejicaneada”. El fiscal federal Ricardo Toranzos informó sobre la aparición de un nuevo sello identificado en los paquetes de droga.
Especialistas en narcotráfico sostienen que las marcas impresas sobre los ladrillos de cocaína cumplen una función identificatoria. Algunas hipótesis indican que permiten reconocer al productor de la sustancia, mientras que otras señalan al propietario del cargamento. Sin embargo, esas teorías no fueron corroboradas judicialmente, pese a que en los últimos años se detectaron decenas de símbolos diferentes en secuestros de droga.
De acuerdo con antecedentes periodísticos internacionales, el sello del cocodrilo ha sido vinculado tanto con la mafia albanesa, cuya actividad fue detectada en distintos países de Europa, como con cargamentos atribuidos al cartel mexicano de Sinaloa.
Otro eje central de la audiencia fue la situación médica de tres de los imputados. La defensa de Delia Yolanda Tame expuso que la mujer atraviesa un complejo cuadro oncológico. Según detalló su abogado, padece cáncer y fue sometida a más de diez intervenciones quirúrgicas, entre ellas una mastectomía y una histerectomía total. También explicó que su estado de salud se agravó por una afección en la columna vertebral, que obligó a una cirugía de aproximadamente 20 horas durante la cual le colocaron placas metálicas.
El defensor sostuvo que las condiciones de detención resultan incompatibles con ese cuadro clínico. Señaló que el uso de esposas colocadas por detrás de la espalda le provoca intensos dolores y afirmó que el sistema penitenciario no dispone de camas ortopédicas ni de atención oncológica especializada.
También se planteó la situación de Ivana Georgina Portal, médica que prestaba servicios en Gendarmería Nacional. La defensa informó que la imputada padece extrasístole ventricular y hipotiroidismo. Según expuso, ambos tratamientos médicos quedaron interrumpidos desde su detención el domingo pasado.
A esos planteos se sumó José Alfredo “Yuya” Troichuque, quien manifestó ante el fiscal que también sufre problemas cardíacos y aseguró que no se encuentra en condiciones de permanecer alojado en un calabozo.
Con esos antecedentes, los abogados defensores solicitaron que los acusados fueran beneficiados con prisión domiciliaria. Fundamentaron el pedido en razones humanitarias y en tratados internacionales de derechos humanos, argumentando que el derecho a la salud y a la vida debía prevalecer frente al régimen de prisión preventiva.
El juez federal Leonardo Bavio rechazó esos planteos. En su resolución sostuvo que las imputadas realizaban el viaje y, presuntamente, participaban de una actividad ilícita sin contar con resguardos médicos especiales, por lo que consideró que no existían motivos suficientes para sustituir la modalidad de detención. No obstante, ordenó al Servicio Penitenciario adoptar todas las medidas de control y asistencia sanitaria que requiera cada uno de los detenidos.
La Fiscalía informó que la investigación continuará durante al menos 70 días más, plazo estimado para completar las medidas probatorias pendientes y avanzar en el esclarecimiento de la organización detrás del cargamento de cocaína y del presunto intento de robo entre bandas narcocriminales que dio origen a la causa.