El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el decreto 1935 que encomienda a la Fiscalía de Estado ejercer acciones judiciales contra la aplicación del DNU 70/2023 que derogó la Ley 26.737. La medida se conoce después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una suspensión cautelar sobre la compra de tierras por extranjeros.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el decreto 1935 este viernes, mediante el cual instruye al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, para ejercer las acciones judiciales y defensas que considere necesarias frente a la derogación de la Ley 26.737. Esa norma establecía restricciones para la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y fue dejada sin efecto por el artículo 154 del DNU 70/2023.
La decisión se conoció después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara sin efecto una resolución judicial que había suspendido la aplicación del artículo del DNU que eliminó las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen, sino que consideró que la organización que había iniciado esa demanda no tenía legitimación suficiente para plantear el reclamo en esos términos.
Tras las críticas que generó la resolución, la Corte aclaró que su decisión estuvo vinculada con una cuestión procesal y que no impide que otras personas o entidades que consideren inconstitucional el régimen puedan solicitar medidas cautelares ante la Justicia.
Passalacqua justificó la medida en la necesidad de preservar el territorio provincial y cuestionó el impacto que, según sostuvo, tiene la nueva situación sobre Misiones. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó el gobernador, quien remarcó además que la provincia posee una extensa frontera internacional con Brasil y Paraguay, una importante biodiversidad y una economía con fuerte presencia de pequeños productores.
El decreto 1935 habilita al Fiscal de Estado a actuar “por las vías que resulten técnicamente más oportunas” para proteger los derechos e intereses del Estado provincial que pudieran verse afectados. En ese contexto, el gobierno misionero busca establecer una vía propia de defensa frente a eventuales operaciones inmobiliarias que considere perjudiciales para la provincia.
El gobernador sostuvo que la modificación del régimen nacional genera un escenario de mayor vulnerabilidad para Misiones y cuestionó especialmente las consecuencias que podría tener en las zonas fronterizas. Según argumentó, la situación puede repercutir sobre el control territorial, los recursos naturales y distintos sectores de la economía provincial.
Misiones es, además, una de las provincias con mayor proporción de tierras rurales en manos de extranjeros. Passalacqua planteó que la decisión de recurrir a la Justicia mantiene la postura que su administración viene sosteniendo en defensa del territorio y los recursos naturales. “El cuidado de la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sostuvo el mandatario al anunciar la medida.