El organismo fiscalizador dispuso la apertura formal de un Juicio de Responsabilidad contra la abogada y agente estatal Patricia Micaela Neme, tras verificar que percibió haberes de la Caja Popular de Ahorros durante seis meses amparada en licencias por afecciones psiquiátricas mientras ejercía la abogacía en el ámbito privado. La medida se suma a su situación procesal en el fuero federal por presunta trata de personas, manipulación de testigos y alteración de pruebas digitales.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió dar por concluida la Comprobación Sumaria iniciada meses atrás y disponer la apertura formal de un Juicio de Responsabilidad en contra de la abogada y agente estatal Patricia Micaela Neme, según consta en el Acuerdo N° 3760, fechado el 1 de octubre de 2026. La medida busca determinar si el usufructo continuo de licencias médicas remuneradas por afecciones psiquiátricas, combinado con el ejercicio simultáneo de la abogacía en el ámbito privado, provocó un perjuicio patrimonial al erario público que deba ser resarcido.
El proceso se originó en el expediente N° 1699-360-2026, cuando el organismo de control dictó el Acuerdo N° 1709 el 19 de mayo de 2026. En aquel momento, firmado por los vocales Miguel Chaiben Terraf, Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal, el Tribunal abrió una investigación sumaria al detectar que la profesional se encontraba gozando de licencias por enfermedad de largo tratamiento con percepción íntegra de sus haberes a partir del 3 de marzo de 2026. De forma paralela, el Sistema de Administración de Expedientes del Poder Judicial y diversas publicaciones constataban su intervención activa en causas judiciales particulares durante esos mismos días.
La profundización de las pesquisas reunió elementos documentales. La Gerencia de Personal de la Caja Popular confirmó que las licencias concedidas a Neme abarcaron tramos sucesivos durante marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2026, bajo la codificación médica F43.2, correspondiente a un cuadro psiquiátrico de largo tratamiento. Por su parte, la respuesta oficial del Colegio de Abogados de Tucumán ratificó que la profesional no había solicitado ningún tipo de licencia o suspensión de su matrícula profesional en la jurisdicción privada durante ese mismo período.
Frente a este escenario, el Tribunal de Cuentas encuadró los hechos en el artículo 131, inciso 4°, de la Ley 6970 de Administración Financiera, que contempla la existencia de irregularidades en la percepción de fondos públicos. El razonamiento del ente fiscalizador sostiene que si una licencia psiquiátrica carece de causa legítima o se utiliza para eludir la prestación del servicio estatal mientras se continúan generando honorarios privados, los haberes percibidos constituyen una erogación sin causa que afecta directamente al patrimonio de la Caja Popular. Para llevar adelante la instrucción procesal del Juicio de Responsabilidad, fijar la cuantificación del daño e imponderar la responsabilidad patrimonial, el organismo designó a los abogados fiscales Maximiliano Molina y Florencia Terán Nougués.
Esta resolución representa el cuarto pronunciamiento de relevancia que el Tribunal de Cuentas emite sobre el funcionamiento interno de la Caja Popular y su cuerpo legal en el término de un año. En febrero de 2026, mediante el Acuerdo N° 128, el ente observó la firma irregular del exinterventor José César Díaz como asesor jurídico. En abril, a través del Acuerdo N° 1348, declaró la nulidad de la designación de Díaz en la planta permanente del organismo. Luego, el 19 de mayo, en paralelo a la apertura sumarial contra Neme, dictó el Acuerdo N° 1708 contra el propio Díaz por idéntico mecanismo de licencias psiquiátricas concomitantes con el ejercicio profesional libre. En ese lapso de dispensas médicas remuneradas por el Estado, abogados del entorno interno del organismo sostuvieron la representación de acciones judiciales privadas formuladas por familiares del diputado Carlos Cisneros para censurar a eltucumano.com, que publicó investigaciones por irregularidades patrimoniales.
El accionar del Tribunal de Cuentas se suma a la situación procesal que enfrenta Neme en la Justicia Federal. La abogada se encuentra imputada en la causa FTU 23/2026, bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán a cargo de Guillermo Díaz Martínez, en una investigación instruida bajo los términos de la Ley 26.364 por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, instigación al falso testimonio y alteración de prueba digital. El expediente se derivó al fuero federal tras las actuaciones vinculadas a la falsa denuncia por abuso sexual realizada contra exjugadores del club Vélez Sarsfield, caso en el que Neme intervino como representante de la denunciante Lourdes Parache.
Las imputaciones contra la profesional abarcan conductas concretas recogidas en las órdenes judiciales de allanamiento. Se le atribuye haber reunido los teléfonos celulares de la denunciante y de una testigo el 8 de abril de 2024 para proceder al borrado de mensajes con la finalidad de coordinar y hacer coincidir sus versiones, así como haber solicitado a las autoridades jurisdiccionales que hicieran constar en actas públicas que no existía material eliminado. Asimismo, pericias y declaraciones testimoniales dan cuenta de instrucciones directas impartidas a testigos sobre cómo declarar y sobre en qué tramos de los relatos debían añadir dramatismo.
En su presentación formal ante la Justicia Federal el 29 de septiembre de 2026, Neme hizo uso del derecho a abstenerse de declarar en la indagatoria fijada por la Fiscalía, solicitando su sobreseimiento. En su escrito, argumentó que sus intervenciones obedecieron al estricto acompañamiento profesional y al ejercicio de sus funciones como responsable de la Oficina de Contención por Violencia Laboral de la Caja Popular de Ahorros, además de su labor como abogada de la Asociación Bancaria.
El vínculo entre Neme y el diputado nacional Carlos Cisneros constituye un eje estructural que conecta tanto su rol institucional como su estrategia judicial. Neme se consolidó al frente de la Asesoría Letrada en carácter de A/C durante la etapa de conducción cisnerista en la Caja Popular, al tiempo que prestó servicios de asesoramiento legal para la Asociación Bancaria, gremio conducido por el diputado. En la causa federal por presunta trata de personas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la indagatoria de ambos y la prohibición de salida del país, tramitándose en el Congreso de la Nación un pedido de desafuero sobre Cisneros promovido por el juez federal.
La alineación se ratifica en el expediente penal: tanto Neme como Cisneros designaron al mismo defensor particular, el abogado Juan Andrés Robles, presentando escritos defensivos radicados con apenas un día de diferencia que comparten argumentos jurídicos y párrafos idénticos. Ambos abogados, Robles y el propio José César Díaz, habían patrocinado anteriormente a Parache en las instancias provinciales. De acuerdo con las actuaciones, la derivación de la denunciante a las oficinas del gremio bancario y la posterior asignación de la asistencia técnica a cargo de Neme forman parte central de la hipótesis sobre el condicionamiento y direccionamiento de las acciones de la querella.
Mientras la Justicia Federal analiza las responsabilidades penales y los límites de la actuación profesional, el avance del Juicio de Responsabilidad en el Tribunal de Cuentas deberá esclarecer la legitimidad de las erogaciones estatales que financiaron licencias médicas mientras se desplegaba una intensa actividad profesional en el fuero privado.
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