El dictamen de mayoría reunió 44 firmas y el proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto el próximo 26 de agosto. La iniciativa introduce modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, con 44 firmas. El proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto el próximo 26 de agosto.
Del total de firmas, 32 corresponden a diputados de La Libertad Avanza, cuatro al PRO, dos a la UCR, una al MID, una al bloque Independencia, dos a Innovación Federal y una a Producción y Trabajo de San Juan. Además, el texto cuenta con una firma en disidencia parcial de Provincias Unidas.
El dictamen incorpora modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural. Según el texto, las correcciones buscan brindar “máxima certeza jurídica” a los contribuyentes cumplidores, reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y establecer una exclusión para que ningún funcionario público pueda acceder a los beneficios del régimen.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, expresó: “Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”.
La exclusión de funcionarios públicos alcanza a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante. En el Poder Ejecutivo, la medida contempla a funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Poder Legislativo, quedan incluidos los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, los concejales municipales y los parlamentarios del Mercosur. También están comprendidos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de todas las jurisdicciones, así como los integrantes de órganos de control y enjuiciamiento, entre ellos los defensores del Pueblo y sus adjuntos, los miembros del Consejo de la Magistratura y los integrantes de los Jurados de Enjuiciamiento.
El texto establece que los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente. No obstante, no podrán acceder a la presunción de exactitud, a la liberación de fiscalizaciones ni a ningún otro beneficio o inmunidad tributaria previsto por el régimen.
Rodríguez Machado remarcó: “Los funcionarios no entran en este régimen, la exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”.
Durante el debate en comisión, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto, junto con Ariel Rauschenberger, fundamentó el rechazo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Castagneto cuestionó el proceso de modificación del texto y afirmó que los cambios introducidos a la Ley de Inocencia Fiscal no eran conocidos por todos los integrantes de la comisión. En ese sentido, sostuvo que “los libertarios cambian los dictámenes 17 veces como en el Senado, y encima no está la diputada Silvana Giudici (de LLA) para explicarlo”. La diputada porteña de La Libertad Avanza se encontraba en ese momento consensuando, además, el proyecto de Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.
Castagneto también cuestionó el alcance del régimen y consideró que el proyecto limita las posibilidades de fiscalización e investigación por parte del Estado. Manifestó: “No hay condiciones propias de una fiscalización, de una investigación. Se incorporan grandes contribuyentes, y es un sistema que perjudica a la recaudación, ya que siempre sostuvimos que tienen que pagar los que más tienen y acá lo que hacen es un tapón fiscal donde no se va a investigar ni a fiscalizar”.