El Ejecutivo nacional planea profundizar los recortes y reestructurar organismos públicos antes de la campaña electoral de 2027. La evaluación abarca dependencias alcanzadas por los decretos delegados rechazados por el Congreso y otras áreas bajo análisis.
El Gobierno nacional inició una nueva revisión integral de la administración pública con el objetivo de detectar estructuras que puedan eliminarse, fusionarse o reducirse antes de la campaña electoral de 2027, según informaron fuentes oficiales.
“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, expresaron voceros de la Casa Rosada. La evaluación incluye en principio los organismos alcanzados por la reforma impulsada mediante decretos delegados en 2025, que luego quedó sin efecto por el rechazo del Congreso, y otras dependencias que están bajo análisis.
El proyecto busca dar respaldo legislativo a parte de las transformaciones que el Ejecutivo había impulsado por decreto. Además, el oficialismo analiza incorporar modificaciones sobre otras estructuras del Estado.
Entre los antecedentes inmediatos se encuentran la disolución dispuesta para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas; y la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo restableció las estructuras anteriores.
La nueva revisión no parte de una nómina cerrada, a diferencia del proyecto que comenzó a redactar el Ministerio de Desregulación a principios de año. Los equipos de Federico Sturzenegger analizan funciones, presupuesto, dotaciones, presencia territorial y superposición con provincias y municipios antes de definir qué organismos integrarán la propuesta. En Nación sostienen que el paquete no será una copia exacta de los decretos rechazados.
El plan incluye continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en la planta permanente cuando existan procesos de reestructuración. El último informe oficial de Desregulación indica que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalentes al 14,1% de la dotación, con un ahorro acumulado de US$2814 millones.
El informe del Indec publicado este jueves ubica la dotación total de junio en 271.696 personas: 184.202 en la Administración Pública Nacional y 87.494 en empresas y sociedades. La reducción interanual fue del 6,8% en la APN y del 4,5% en las compañías estatales, mientras que solo durante junio la plantilla total bajó alrededor del 0,6%.
La meta política fijada por el oficialismo para 2026 era reducir otro 10% de la dotación existente al comenzar el año, lo que representaba cerca de 27.000 puestos sobre una planta próxima a 279.000 empleados. En el Gobierno no confirman si ese objetivo se cumplirá de manera uniforme, pero sostienen que continuará como referencia para los ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.
La instrucción genera resistencias dentro de la administración. En algunas carteras advierten que “no hay más margen para recortar” sin afectar funciones operativas y reclaman que las próximas reducciones se concentren en organismos con estructuras duplicadas o en áreas con menor carga de trabajo. El Ejecutivo rechaza fijar un porcentaje idéntico para cada dependencia y asegura que la revisión será caso por caso.
La profundización del ajuste está vinculada con la situación fiscal. Junio cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones, aunque el primer semestre mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y uno financiero del 0,1%. Los ingresos mensuales crecieron 22,3% interanual y los gastos primarios 37,7%.
La recaudación tributaria de junio alcanzó los $20,017 billones y aumentó 23,7% nominal interanual. Ganancias avanzó solo 11,3% por el traslado de los vencimientos de personas humanas, mientras que los derechos de exportación cayeron 27,8%. En el acumulado de enero a junio, los recursos tributarios sumaron $109,572 billones y subieron 25,9%.
En la Casa Rosada creen que el repunte de la actividad puede fortalecer el IVA, Ganancias y las contribuciones de la seguridad social, pero reconocen dudas sobre la velocidad de esa mejora y sobre el impacto de las futuras reducciones de impuestos. El Gobierno considera que una reforma tributaria que baje alícuotas o elimine gravámenes necesita un recorte paralelo del gasto para no poner en riesgo el equilibrio fiscal.
El FMI proyecta para 2026 un superávit primario nacional del 1,4% del PBI y estima que deberá aumentar gradualmente hasta alrededor de 2,25% en el mediano plazo. El organismo sostiene que el cumplimiento de la meta requiere continuar limitando salarios públicos, transferencias a empresas estatales, subsidios, compras de bienes y servicios y gastos de capital.
En paralelo, el Ministerio de Desregulación trabaja sobre un amplio proyecto de cambios normativos que modifica competencias estatales, elimina regulaciones y redefine funciones en distintas áreas de la administración. El borrador incluye modificaciones que alcanzan organismos sectoriales y entes de regulación, junto con cambios en distintos regímenes administrativos y económicos.