La legisladora Elías de Pérez solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que evalúe institucionalmente los hechos ocurridos en el Tribunal Oral Federal de Tucumán durante un operativo de limpieza en los subsuelos del edificio.
La legisladora Elías de Pérez presentó un escrito ante el presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en el que solicita una evaluación institucional sobre los acontecimientos ocurridos en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán durante las últimas semanas. La presentación se basa en información difundida a través de publicaciones periodísticas.
El planteo reconstruye lo sucedido a comienzos de mayo, cuando la jueza subrogante cordobesa Cristina Giordano dispuso un operativo de limpieza y vaciamiento en los subsuelos del edificio judicial ubicado en calles Cristóstomo Álvarez y Chacabuco. Durante esas jornadas, camiones de Gendarmería Nacional retiraron materiales acumulados durante décadas, entre ellos armas, muestras de drogas, dinero, muebles, computadoras, documentación y secuestros judiciales de distintas causas federales.
El operativo, inicialmente presentado como una tarea de saneamiento, derivó en una controversia judicial. El Ministerio Público Fiscal pidió explicaciones sobre el destino de los elementos retirados y reclamó información sobre los criterios de destrucción o descarte. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal en la que cuestionó el procedimiento y sostuvo que durante el operativo podrían haberse destruido o retirado pruebas pertenecientes a causas en trámite.
La legisladora mencionó la desaparición de 58 comprimidos de alprazolam secuestrados en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, lo que obligó al fiscal Pablo Camuña a desistir de sostener la acusación durante un juicio oral por falta de evidencia material. Elías de Pérez sostuvo que la pérdida, destrucción o alteración de elementos probatorios puede afectar el desarrollo de procesos penales y garantías como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. También advirtió sobre la necesidad de determinar si existen otras causas comprometidas por la misma situación.
La presentación ocurre en medio de cambios en la integración del TOF. La jueza Ana Carina Farías dejó la subrogancia tras alcanzar el plazo máximo de dos años, y fue reemplazada por la jueza federal Marta Liliana Snopek, quien tiene trayectoria en el Tribunal Oral Federal de Salta y ha participado en juicios por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y lavado de activos. Snopek integra los tribunales orales federales del NOA y participó en la implementación del sistema acusatorio federal en Salta.
El tribunal enfrenta, además de la polémica por el vaciamiento del subsuelo, una denuncia penal ratificada por Del Sueldo Padilla, pedidos de informes de la fiscalía federal y discusiones internas sobre la custodia de elementos secuestrados. A esto se suman problemas edilicios que llevaron al cierre temporario de una sede judicial por riesgos de electrocución e incendio.
En su presentación, la legisladora recordó que el Consejo de la Magistratura tiene competencia constitucional para ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados federales y eventualmente impulsar procedimientos de remoción. Solicitó que los antecedentes sean analizados con rigurosidad.