A 20 años del homicidio de la docente ocurrido en San Miguel de Tucumán, se reconstruyen los pasos de la pesquisa que permitió identificar a Susana Acosta y Nélida Fernández como autoras del crimen.
El 31 de julio de 2006, Ángela Beatriz Argañaraz, conocida como “Betty”, salió de su casa en El Manantial con destino al colegio Padre Roque Correa, en el centro de San Miguel de Tucumán, donde asumiría como directora. Ese día no llegó al establecimiento.
Según consta en la causa, la docente tomó un colectivo y descendió en avenida Alem y General Paz. Luego abordó un remise blanco con una estrella adherida al parabrisas. Horas después, se difundió una versión sobre una disputa por la dirección del colegio, cargo al que también aspiraba la secretaria Susana Acosta. Ambas, según declaraciones de colegas, organizaban la despedida de la directora saliente.
La Justicia estableció que Argañaraz fue asesinada en un departamento de un edificio ubicado en la primera cuadra de calle Catamarca. La investigación estuvo a cargo de la fiscala María del Carmen Giannoni y del entonces secretario de Fiscalía VIII, Ernesto Baaclini.
Durante la pesquisa, los investigadores solicitaron a la empresa de telefonía el detalle de las comunicaciones del celular de la víctima. El ejecutivo de la compañía indicó que la información demandaría al menos un mes. Baaclini recordó que la fiscala pidió hablar con el gerente, le planteó la responsabilidad social de la empresa y le advirtió que podría ser investigado por entorpecimiento si no entregaba los datos con urgencia. Al día siguiente, la fiscalía recibió un informe preliminar con el listado de comunicaciones.
En ese listado, Giannoni y Carlos Bustos Morón hallaron un mensaje recibido por Argañaraz que decía: “Vení temprano que tengo un regalito para vos”. También encontraron que el primer mensaje enviado por la víctima el día de su desaparición fue “Ya voy”. El titular de la línea no estaba identificado, por lo que la fiscala solicitó colaboración a Julio Navarro, ex pareja de la víctima, quien indicó que ese número era utilizado por Nélida Fernández, pareja de Acosta.
Para corroborarlo, Bustos Morón llamó a ese número y preguntó si hablaba con Nélida Fernández. La persona al otro lado respondió afirmativamente. Con esa información, los investigadores se presentaron ante el entonces juez de Instrucción Alfonso Arsenio Zóttoli, quien autorizó los allanamientos. El defensor de las sospechosas, Gustavo Morales, confirmó que “no tenían nada en su contra” y que la autorización se dio por la presión existente.
En la madrugada, los efectivos llegaron al departamento donde vivían Acosta y Fernández. Las mujeres bajaron con ropa de cama y abrieron la puerta. Tras explicarles el procedimiento, pidieron unos minutos para resguardar a una niña de siete años que vivía con ellas. Una vez que la menor fue llevada a una habitación, comenzó la búsqueda. Durante el procedimiento, Fernández ofreció café en varias ocasiones, lo que motivó una advertencia de Baaclini sobre la prohibición de aceptar algo durante una medida judicial.
Del lugar se secuestraron el celular de Acosta, documentación y un Ford Orion. Las mujeres fueron notificadas para declarar como testigos horas más tarde en Tribunales. Según un ex investigador, ambas confirmaron su asistencia y no manifestaron sospechas sobre su implicación en la desaparición.