El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó la Ordenanza N° 4.758, que habilitaba el estacionamiento medido, y avanza en el diseño de un nuevo esquema que contemple a los cuidacoches y la realidad económica de la población.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó la Ordenanza N° 4.758 y sus anexos, sancionada en abril de 2015, que había habilitado el llamado a licitación y aprobado los pliegos de bases y condiciones para el servicio de estacionamiento medido en la capital. La medida se tomó después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificara la nulidad del contrato de concesión del estacionamiento medido.
La intendenta Rossana Chahla había anticipado en abril que el Ejecutivo evaluaba distintas variantes para un nuevo esquema, con la premisa de contemplar el contexto económico de la población. No hubo respuestas oficiales del área municipal sobre los próximos pasos.
En la sesión en la que se votó la derogación, el presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, afirmó que la eliminación de la ordenanza “viene de la mano con tomar una decisión hacia el futuro” y sostuvo que el sistema de estacionamiento pago puede convertirse en una herramienta útil para ordenar la circulación vehicular en el centro tucumano.
El presidente del bloque Peronismo de la Capital, Ernesto Nagle, señaló que existe un “compromiso público” del Concejo para trabajar en una alternativa que integre a los cuidacoches y trabajadores informales. Planteó que cualquier futura normativa debería contemplar la posibilidad de que esas personas puedan incorporarse formalmente al sistema.
El concejal Gastón Gómez, de Libres del Sur, consideró que el debate debe incluir una mirada sobre la economía popular y las formas de integración laboral de quienes dependen del trabajo en el espacio público.
El radical Federico Romano Norri sostuvo que cualquier nuevo esquema deberá ser rediseñado para que cuente con legitimidad social y no resulte excesivamente oneroso para los usuarios. Advirtió sobre la existencia de “malos ejemplos” entre quienes hoy actúan como trapitos, al describir situaciones en las que algunos cobran de manera coercitiva sumas entre $ 3.000 y $ 10.000 a conductores, especialmente a mujeres. También aclaró que existen cuidacoches respetuosos.
El concejal Gustavo Cobos, de la Unión Cívica Radical, describió la situación del estacionamiento en el casco histórico como “una búsqueda del tesoro” y señaló la contradicción entre la señalización urbana y la realidad cotidiana, con calles con carteles de “prohibido estacionar las 24 horas” que permanecen repletas de autos detenidos.
El peronista Gonzalo Carrillo Leito recordó que durante la gestión de Germán Alfaro, en 2022, el 85% de la ganancia quedaba en manos de la empresa concesionaria y el 15% ingresaba a las arcas municipales, y afirmó que esa relación económica no era beneficiosa para la ciudad.
El concejal Facundo Vargas Aignasse destacó que el objetivo del Concejo, presidido por Fernando Juri, no se limita a derogar la vieja normativa, sino a abordar el problema del tránsito desde una estrategia más amplia, que incluye la regularización de las plataformas digitales y la reforma del Código de Planeamiento Urbano.
Desde el alfarismo, Carlos Ale sostuvo que la derogación debe funcionar como un llamado de atención para que el próximo debate no vuelva a tropezar con los mismos obstáculos, y consideró que el estacionamiento medido es una necesidad para la ciudad.