Una presentación judicial sostiene que el presidente utilizó el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público para asistir a un acto opositor en San Pablo, Brasil, lo que podría constituir malversación de caudales públicos.
Una denuncia judicial fue presentada contra el presidente Javier Milei por el presunto uso de fondos públicos para participar en un acto político en la República Federativa de Brasil. La presentación, realizada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, sostiene que el mandatario utilizó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para asistir a un acto opositor en San Pablo, según consignó el diario «Ámbito».
La denuncia se centra en las declaraciones que Milei realizó durante el acto político. Los abogados señalaron que el presidente calificó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “presidiario”, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes lo llamó “basura calva”. Estas expresiones fueron pronunciadas “en un acto político opositor” y constituyeron una intervención en asuntos internos del país vecino, según la presentación.
Los denunciantes afirmaron que Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino, además de agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial”. A su entender, esa conducta “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina”.
Asimismo, sostuvieron que “los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales”. La denuncia invoca el principio de no injerencia en el derecho internacional, citando la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, para sostener que ningún Estado debe intervenir en los asuntos internos de otro país.
Bajo ese argumento, los abogados consideran que los hechos podrían encuadrarse en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal, al considerar que bienes y recursos estatales habrían sido utilizados para fines distintos de aquellos para los que estaban destinados. Además, sostienen que también podría configurarse el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 248 del Código Penal, por una presunta vulneración de las normas internacionales incorporadas al ordenamiento jurídico argentino.
Como medidas de prueba, los denunciantes solicitaron que se requiera a la Jefatura de Gabinete nacional y a la Casa Militar toda la información vinculada al viaje presidencial, incluido el detalle de los gastos, los viáticos, los integrantes de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión presidencial. También pidieron que, una vez reunida la prueba, Milei sea citado a declaración indagatoria.